GASTOS EN I+D Y EN INNOVACIÓN (la "i")

Europa clasifica la investigación y el desarrollo (I+D) y la innovación en 4 apartados:

  • Research and development (R&D) includes statistics on expenditure, personnel and government budget allocations for R&D. Data are available by performing and funding sectors, types of costs or economic activities.
  • Community Innovation Survey provides statistics about enterprises that have product and business process innovations, their strategies, knowledge management and innovation activities, as well as about factors that facilitate or hinder innovation ('innovation environment').
  • High-tech includes statistics on high-tech industries and products, high-tech trade as well as knowledge-intensive services
  • Human resources in science and technology (HRST) include statistics on the current stock of HRST and on the current and future supply of highly skilled persons.

Gasto en I+D

El gasto en “I+D” (no I+D+i) se calcula desde hace muchos años como una fracción del PIB siguiendo las normas del “Manual de Frascati” (última versión de 2015).

El gasto en innovación (I o i) no es fácil de calcular ya que el concepto innovación es mucho más complejo. Desde hace menos años el esfuerzo de los países se mide siguiendo el “Manual de Oslo”, más nuevo y menos consensuado (última versión de 2018). Se suele adoptar un concepto amplio de innovación que se entiende como todo cambio (no sólo tecnológico) basado en el conocimiento (no sólo científico) que genera valor (no sólo económico).

Así el gasto en I+D es mucho más usual y preciso y es el que suele darse, pero NO incluye la “i” como se indica muchas veces equivocadamente.

El gasto en I+D ejecutado en España

  • En 2014 fue de 12.821 millones de euros lo que equivale al 1,23% del PIB.
  • En 2017 fue del 1.21, del PIB.
  • En 2018 fue de 14.946 millones de euros, lo que equivale al 1.24% del PIB.

La cifra de 2017 fue igual que la de 2006, mientras que en el mismo periodo el promedio europeo creció tres décimas, pasando del 2,04 % al 2,07 %. La situación se agrava porque en términos económicas de riqueza, si tomamos los valores medios de la UE28 como un índice 100, en este periodo la renta per cápita española alcanzaría los 93 puntos, mientras que la inversión en I+D por habitante se quedaría en 49.

Además de ser muy baja en esta cifra se debe resaltar la baja participación del sector privado que financia sólo el 47,1% de la I+D realizada, es decir 6.784 millones de euros. El resto viene un 45,5% de la administración pública y un 7,4% del extranjero. La baja participación del sector privado contrasta con lo observado en la mayoría de los países desarrollados: el porcentaje en la UE-28 es del 54% y en la OCDE del 60%.

En cuanto a las comunidades autónomas el porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB en 2018 la que tiene un índice mayor fue el País Vasco (1,96 %), seguido por la Comunidad de Madrid (1,71 %); la Comunidad Foral de Navarra (1,68 %), y Catalunya (1,52 %). Estas, junto con la de Castilla y León (1,3 %), fueron las únicas que superaron la media estatal.

En 2018 Cataluña el gasto en I+D representó el 23,5 % del total del gasto interno estatal en I+D, por detrás de la Comunidad de Madrid, (efecto de capitalidad) que representa el 26,2 %.

El reparto del gasto en I+D entre los sectores público y privado difiere considerablemente entre las comunidades autónomas. El País Vasco y Navarra son las comunidades en las que el peso del sector privado es más alto con un 75% y 69% sobre el gasto total, respectivamente. En el otro extremo, en Baleares y Canarias el sector privado contribuye con solo un 14% y 19% a esta actividad.

Gasto en innovación

El pico de gasto en innovación se observa en 2008, cuando rozaba los 20.000 millones de euros, y a partir de ese año no ha cesado de reducirse. En 2014 el gasto total en actividades innovadoras era de 12.960 millones de euros.

Hasta ahora todas estas cifras son porcentajes sobre el PIB. Nos referiremos ahora a lo que proviene de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es éstos, la financiación de la innovación, consignada en la política 46 de los PGE y de las comunidades autónomas, ha presentado un elevado grado de volatilidad, lo que es una anomalía que no se observa en los países líderes en innovación. Tras el crecimiento continuado durante la primera década del siglo, los PGE caen en 2015 más de un 30% respecto a su nivel de 2009 (dato máximo histórico), en que el gasto realmente ejecutado fue de 8,476 millones de euros), En 2018 se sitúa en 3,278 millones de euros, acumulando una caída superior al 60%. En los presupuestos de las CCAA descienden algo menos de un 15% respecto al máximo alcanzado en 2010.

En 2018 se presupuestaron 7,003 millones de euros para la Política 46, lo que supuso un aumento de 478 millones de euros con respecto al año anterior. Pero un año más, las cifras consignadas en el presupuesto contrastaron de manera rotunda con respecto al gasto realmente ejecutado, que fue de 3,278 millones de euros (238 millones más que en 2017). Hay que remontarse hasta el año 2001 para encontrar un nivel similar de inversión efectivamente realizada en el conjunto de la Política 46.

En cuanto al origen de la financiación de las actividades de innovación el Community Innovation Survey (que realiza Eurostat) permite conocer cuál es el porcentaje de empresas que recibe algún tipo de financiación pública – provenga ésta de fondos locales, regionales, administración central o del Programa Marco de la UE. En el caso de España, en el periodo 2014-2016, el 31 % de las empresas innovadoras es receptora de algún tipo de apoyo financiero público (cifra superior a la observada en el promedio de la UE, del 26 %). No obstante, el número de empresas innovadoras que reciben financiación pública se reduce en un 5 % respecto al periodo anterior. La encuesta sólo permite respuestas binarias (sí, no). No se dispone, sin embargo, de información sobre las cantidades medias recibidas.

También ha sido decreciente el grado de ejecución de la política 46 de los PGE en el periodo 2002-2014, manteniendo niveles superiores al 90% hasta 2007, año en el que se inicia un descenso progresivo de la ejecución hasta marcar un mínimo del 62% en 2014. En 2016, los PGE registraron el segundo aumento consecutivo de los recursos destinados a la política 46, asignando un total de 6,425 millones de euros a esta política, lo que supone un incremento del 0,5% respecto a 2015. Además, la Administración cuenta con otros instrumentos para la financiación de la innovación: la compra pública innovadora, a la que ha destinado 285,5 millones de euros en el periodo 2007-2014, y los incentivos fiscales a la I+D y la innovación.

Por otro lado el European Innovation Scoreboard de 2019 (https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_es) hace una valoración global y afirma que España es un país “moderadamente innovador” y no se puede decir mucho más.

Incentivos fiscales

De acuerdo con el informe de la “OCDE R&D Tax Incentive Indicators 2018”, España cuenta con uno de los mejores esquemas de incentivos fiscales, junto con Francia y Portugal. Sin embargo, la capacidad en la práctica de este conjunto de instrumentos fiscales para incentivar la I+D+i privada es, en nuestro país, significativamente inferior que en nuestros dos países vecinos. En concreto, el apoyo vía incentivos fiscales (0,03 % del PIB) es tres veces menor que en Portugal (0,10 % del PIB), y diez veces menor que en Francia (0,29 % del PIB). Nótese que estos dos países han incrementado de manera muy notable sus presupuestos de incentivos fiscales desde el cambio de siglo, y ello ha contribuido a elevar la participación del sector privado en la I+D.

La deducción por I+D+i es la única del sistema tributario español que requiere de diferentes herramientas para dotar de seguridad jurídica su aplicación, destacando entre ellos la posibilidad de solicitar Informe Motivado Vinculante al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Aunque existen, sin embargo, divergencias de criterio entre diferentes instancias de la administración (MICINN, DGT, AEAT), que dañan la percepción de seguridad jurídica, aumentan la litigiosidad y desincentivan la inversión en I+D+i. A pesar de todo ello, en los últimos años se observa un aumento sustancial de las solicitudes de informes motivados por parte de las empresas, pasando de 298 solicitudes en 2004 a un total de 8,309 en 2018. También debe destacarse que el 61 % de las empresas solicitantes son pymes. Igualmente, se ha incrementado el interés por parte de las empresas de menor dimensión por la posibilidad de monetizar las deducciones fiscales por I+D+i (artículo 39.2 de la ley del Impuesto de Sociedades). En 2017 (último dato disponible) se han destinado 22 millones de euros a este concepto, lo que supone un incremento del 23 % respecto de 2016.

Extraidos del informe COTEC 2016 y de otras fuentes como:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/overview
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176754&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
Informes COSCE
https://cordis.europa.eu/article/id/401448-reducing-the-ri-divide-among-countries-by-sharing-knowledge-and-expertise-across-eu

 


Ramon Pascual

Ex-President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)

 
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